El aborto en México

Afortunadamente, son cada vez más los países que tienen leyes a favor de los derechos reproductivos de la mujer y las personas gestantes y que no penalizan esta práctica.

De acuerdo con Amnistía Internacional, cada año uno de cada cuatro embarazos acaba en aborto y las voces en contra de esta práctica ignoran las repercusiones de restringir el acceso a este servicio de salud básico.

En México, un país mayoritariamente católico y con un fuerte peso de la Iglesia en la toma de decisiones, se han dado grandes cambios en este tema.

De manera general (a excepción de la Ciudad de México) hasta finales de la década de 2010 e inicios de la década de 2020, acceder a un aborto legal no era sencillo. Esta tendencia restrictiva ha ido cambiando lentamente debido al empuje que los colectivos y organizaciones feministas a favor del aborto realizan desde hace varias décadas. La labor de estas figuras ha escalado hasta encontrar algunos aliados en las instituciones y autoridades del Estado mexicano.

En 2007 la Ciudad de México aprobó la despenalización de la interrupción del embarazo, a la cual puede accederse en instituciones públicas. Desde entonces, en otros estados de la República se ha legislado a favor del aborto. Tal es el caso de Oaxaca, que en 2019 despenalizó esta práctica. En 2021 se unieron Baja California Norte, Coahuila, Colima, Hidalgo y Veracruz; y un año más tarde Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur.

El 7 de septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto para las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Esto significa que ninguna jueza o juez podrá encarcelar a quien decida abortar. Ese mismo año, el Pleno de la Corte invalidó el Artículo 196 del Código Penal del estado de Coahuila que imponía la pena de hasta tres años de cárcel a la persona gestante que se practicara un aborto o a la persona que le ayudara con su consentimiento.

El ministro presidente Arturo Zaldívar afirmó entonces que no significaba que se despenalizara el aborto en todas las entidades, pero ya no se podría encarcelar en ningún lugar del país a quien decida practicarse un aborto.

De acuerdo con el Instituto Guttmacher, la tasa de abortos es de 37 por mil personas en los países que prohíben el aborto y de 34 por mil personas en los que lo permiten. La diferencia no es significativa estadísticamente, pero muestran que hay aún más abortos en países donde sigue siendo ilegal que donde ya se reguló, por lo cual es imperativo que se regule el uso de esta práctica para hacerla segura. 

“Penalizar el aborto no lo impide, sólo hace que sea menos seguro”.

A diferencia de los abortos legales, practicados por proveedores de servicios médicos capacitados, la ilegalidad deriva en que esta práctica se realice en circunstancias de marginalidad y contextos donde no se garantizan seguridad, asepsia y demás condiciones de salubridad,  carencias que pueden y suelen tener consecuencias fatales para quien acude a ellas. Tan es así que los abortos inseguros son la tercera causa más habitual de muerte materna del mundo y dan lugar a cinco millones de discapacidades, en gran medida, evitables, según la OMS.

El acceso al aborto está, por tanto, esencialmente ligado a la protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las personas gestantes y a la consecución de justicia social y de género.