Reforma Eléctrica

El pasado 1 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y modificar el mecanismo de las centrales y plantas eléctricas.

El principal contenido de esta propuesta es modificar el esquema legal para la generación y aprovechamiento de la energía eléctrica. La iniciativa pretende acabar con el mecanismo de despacho de energía de las centrales eléctricas que hoy opera, de manera independiente, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para dar prioridad a las plantas de la CFE.

El criterio de despacho es la forma en la que se define qué centrales inyectan su energía a la red y en qué momento. En primer lugar, a las hidroeléctricas, en segundo, a las demás centrales de la CFE, posteriormente, a la energía eólica y solar de los particulares y, finalmente, a las centrales de ciclo combinado (centrales que operan a partir de un ciclo de gas y otro de vapor) de particulares.

Como las centrales hidroeléctricas no pueden satisfacer la demanda de electricidad del país, las principales beneficiadas serían las plantas más contaminantes de la CFE, que generan energía eléctrica a partir de combustóleo y carbón y que tienen costos más altos que el resto, lo que tendría implicaciones económicas y ambientales negativas a nivel local y global. Las que pierden con esta propuesta son las centrales de energías renovables y limpias.

Hasta la fecha, la CFE está obligada a comprar electricidad a través de subastas, para elegir el precio más barato, y ahora le pretenden quitar esa obligación. Con las modificaciones a la ley, podría optar por la electricidad de cualquier planta o fuente, de acuerdo con el nivel de prioridad que mencionamos antes, y sin hacer subastas, lo que puede afectar en el bolsillo de los usuarios finales.

Los Certificados de Energía Limpia (CEL) se van a otorgar a cualquier productor de energía, sin importar si las plantas donde se generan son nuevas o antiguas, o su fecha de entrada en operación. Eso significa que ya no habrá incentivos para que puedan crearse nuevas plantas, sino que, si ya existía una vieja, ésta tendrá la posibilidad de obtener un certificado, con lo que la opción de invertir en una nueva planta perderá importancia.

La iniciativa da opción a revocar permisos que se habían dado bajo la anterior ley, a pequeños generadores denominados de autoabastecimiento, los cuales han funcionado como una alternativa para cubrir las necesidades propias de generación de energía. Tales permisos pueden ser revocados por una revisión de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cómo afectan estos cambios? 

Afectará a las empresas que invirtieron en la generación de energías limpias, mediante parques eólicos o solares, las cuales ya no tendrán incentivos para seguir creciendo o atraer inversiones.

Para los que están en el Mercado Eléctrico Mayorista, el cual es operado por el Cenace,  al eliminar el esquema de despacho económico, el servicio de electricidad, también se podrá encarecer.  Para los pequeños consumidores de suministro básico, la ausencia de subastas para la compra de energía hará que el servicio suba de costo.